Del estado corporativo criminal
a la democracia
radical, plural y comunitaria
Gobiernan la
criminalidad, la violencia, la corrupción, la hipocresía, el autoritarismo, la búsqueda del dinero fácil y rápido... al
tiempo que se agudiza la fragmentación social y política y se
reduce el ejercicio de derechos: desde el 26 de febrero, cinco dirigentes
comunitarios de Huehuetenango han sido encarcelados, mientras continúan vigentes otros procesos y órdenes de captura, y se opera la eliminación física de líderes.
Las políticas antipopulares, ilegítimas y frecuentemente ilegales, no
dependen solamente de las personas que controlan el poder ejecutivo, sino que son consecuencia de situaciones estructurales. Entre otras:
el
intento de control de territorios y bienes naturales;
el
ascenso al control del poder político de grupos nacidos o fortalecidos a partir del contrabando, el narcotráfico y todo tipo de economía ilegal y criminal;
el
reforzamiento del papel político del Ejército y (sobre todo desde la llegada al
gobierno del Partido Patriota) de una visión de seguridad nacional/estabilidad
nacional;
la persecución de la organización social y la lucha por derechos (consideradas
conflictivas y desestabilizadoras);
la
relegitimación desde 2009 de soluciones militares (golpe de estado en Honduras);
la
expansión del neoliberalismo como modo y sentido de vida, más allá del modelo económico que representa, lo que
promueve intereses y derechos particulares, por encima del colectivo;
la influencia en Guatemala de elites centroamericanas de vocación ultraconservadora (sobre todo,
capital hondureño implicado en la contrarrevolución antisandinista de los años
80 y el golpe de estado de 2009) y elites europeas igualmente conservadoras.
Prácticamente todos
los actores de poder (políticos y económicos, nacionales e internacionales) normalizan y vuelven cotidianas la insolidaridad, el
individualismo, la mercantilización, el consumismo, el yo empresarial sobre la
comunidad social, la restricción y persecución de derechos, el enriquecimiento
(desarrollo) cueste lo que cueste… Al igual que la constante burla de la ley:
desconocimiento del derecho de consulta, evasión de impuestos, incumplimiento
de Acuerdos de Paz…
En este marco, la
corrupción es norma y no excepción. Es alimentada por el desprecio de los
intereses colectivos. Se fortalece cuando la ley, los derechos, incluso la Constitución de la República, son apenas
indicadores y referentes: si me sirven
los utilizo, si no me sirven no.
No se trata de
minimizar el impacto de la captura de una poderosísima y emblemática red
criminal (el pasado 16 de abril) sino de contextualizarla en el marco de un Estado
y un poder construidos para la acumulación y el despojo, a partir de redes
criminales y formales.
En qué momento estamos: Estado corporativo criminal
El contexto actual anula
la Constitución y el modelo político de 1985 (formalmente garantista, promotor
de derechos, separación de poderes y el cumplimiento de la ley).
Implica, además, el punto y final de los Acuerdos de
Paz de 1996 que, en su espíritu, diseñaron una sociedad con derechos y consensos: un pacto social para el fin del conflicto armado, aun bajo los
límites de hierro del modelo neoliberal.
El Estado
guatemalteco se organiza, constitucionalmente, para “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización
del bien común”. Sus deberes incluyen “garantizarle
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Esta propuesta mínima,
este punto de partida, ha sido sustituida por la concentración del poder en el
Presidente del gobierno, la persecución
y eliminación de derechos y sus defensores, la lex mercatoria (leyes e
instituciones a favor de las empresas), el poder ilimitado de actores fuera del
escrutinio público.
El Estado
guatemalteco, con bajísimos niveles de recaudación tributaria, incumplimiento
de obligaciones sociales, dirigido bajo la lógica de la corrupción, no es un
Estado fallido, sino un Estado construido para favorecer la acumulación
individual de riqueza. Por ello da cobijo a "estructuras paralelas que se anclan en el quehacer político y económico para generar lucro personal y garantizar que el Estado sea un ente ficticio por la incapacidad financiera y real de ejercer su trabajo en función del bien común" (Convergencia por los Derechos Humanos, 16 de abril).
Es un Estado
Corporativo o Corporación Nación, en palabras del sociólogo Gustavo Castro, o
Estado Corporativo Criminal, definición que propongo desde este texto. Este
modelo de Estado articula intereses de grupos oligárquicos, ejército, grupos
emergentes y criminales.
Para este Estado,
la democracia, y con ello ideales de consenso, participación y libertad, deja
de ser valor principal o absoluto. Leyes, procedimientos y/o prácticas se
supeditan a la regla de oro, la generación de condiciones para el desarrollo de
la inversión de las empresas, sin importar los medios que se utilicen:
corrupción, violencia, incumplimiento de leyes, control absoluto del poder.
Hacia dónde vamos: escenario de reconfiguración del modelo de
dominación
La captura de una
red de defraudación aduanera que involucra empresarios, periodistas,
funcionarios públicos, exmilitares, constituye un hecho trascendental [i]:
por la dimensión política de los capturados (y por tanto, de los poderes
afectados) y porque permite visibilizar y poner en cuestionamiento el actual
modelo de organización y modelo de Estado, es decir, un Estado configurado ex profeso para la riqueza fácil e
ilícita.
Con el ingreso en
prisión de 16 personas (otras seis quedan ligados a proceso, además de órdenes
de captura pendientes, entre ellas la del Secretario Privado de la
Vicepresidenta), se tambalea el mito de los gobernantes honestos,
reconstructores de la institucionalidad, de los políticos y empresarios que
promueven el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Se abren debates y
escenarios de profunda reflexión y necesaria transformación raizal del sistema
actual.
La captura se
produce, además, en el marco de una crisis estructural, que incluye disputas
internas, ascenso y reacomodo de nuevos actores de poder, resistencias
comunitarias y populares, pérdida de credibilidad y confianza en el modelo de
representación y organización.
No obstante, las
posibilidades de una conducción democrática-popular de la coyuntura y crisis
actual, están por construirse. En el río revuelto de la corrupción, captura y
caída de determinados operadores, pretenden beneficiarse otros sectores, con el
único fin de ocupar los espacios (forzosamente) abandonados. Para estos sectores, las
capturas son una posibilidad para el ascenso al poder político de nuevos
actores, o el mejor posicionamiento de actores tradicionales (por ejemplo, el
gremio empresarial articulado en el Cacif). Complementariamente, la crisis
puede reconducirse parcialmente (amortiguamiento) sin cambiar ninguna de las
bases del poder tradicional.
En el marco de
cambios de forma y no de orientación, algunos escenarios futuros (complementarios
y cruzados) pueden gravitar alrededor de:
Reformas parciales de instituciones y leyes. Para enfrentar la disputa de poderes y la crisis estructural, se proponen reformas de carácter limitado y escaso impacto: al sistema electoral
y al sistema de justicia.
Rompimiento institucional, con una o varias de estas variantes: golpe, autogolpe, destitución del actual gobierno,
suspensión del proceso electoral, disolución del Congreso y conformación de una
Asamblea Nacional Constituyente, conformación de un gobierno de salvación
nacional (¿liderado por el Ejército, la Corte de Constitucionalidad, la PDH?). Son
posiciones sostenidas, entre otros, por el programa Hablemos Claro de Mario
David García, en Emisoras Unidas, el columnista Pedro Trujillo en Prensa Libre,
y Ricardo Méndez Ruiz (golpe después de las elecciones). Implican mayor
autoritarismo y dictadura de facto.
Refundación del Estado desde grupos
conservadores. Es una propuesta
en ascenso en el actual proceso electoral, operativizada a través de la
constitución de un frente de convergencia nacional. El alcance y los contenidos de la refundación no están definidos, pues se pretende responder a
intereses de sectores económicos tradicionales y emergentes, al tiempo que se proponen medidas parciales para contener el descontento social (incremento de regalías a
empresas mineras, reconocimiento constitucional de la multiculturalidad del
país…). Se podría desarrollar a través de una Asamblea Constituyente. Defendida
entre otros por Roberto Alejos y Alfonso Portillo.
Reforma constitucional y de leyes con
carácter autoritario. La crisis es
aprovechada para fortalecer un proyecto ultraconservador, que propugna eliminar
garantías constitucionales y pulverizar el ejercicio de derechos. Esta visión cuestiona la preeminencia del derecho
internacional sobre el interno en materia de derechos humanos; promueve la
privatización o usufructo del subsuelo; combate la inscripción de
comunidades indígenas (prevista en el Código Municipal); aboga por un esquema
de Ciudades Modelo con gobiernos
empresariales propios (es decir, un brutal reordenamiento territorial y
político en función de la actividad empresarial); generaliza incentivos y
exenciones para las empresas; institucionaliza la participación del ejército
en tareas de seguridad interna; reduce el papel del Estado: de espacio para
la búsqueda de consensos y definición de políticas públicas a garante de
inversiones. Es el proyecto histórico de ProReforma.
En todos estos
escenarios, las líneas de continuidad y las coincidencias son abrumadoras, y se
expresan sobre todo en:
Redefinición
de la alianza oligarquía-ejército-transnacionales (sectores de...), para el control del poder
político en el próximo periodo. En este sentido, el anticipado fin del proyecto del Partido Patriota no implica la ruptura de esta alianza, que incluye
sectores de la economía criminal.
Nuevas capturas por corrupción y otros ilícitos, de carácter tan ejemplarizante como limitado.
Continuidad de la persecución a los movimientos sociales y comunidades en resistencia.
Continuidad de la persecución a los movimientos sociales y comunidades en resistencia.
Aprobación
de leyes que garanticen estratégicamente la expansión del capital: ley de
inversión y empleo, ampliación de la ley de salarios diferenciados, trabajo y
contratos por horas, normativas derivadas de las obligaciones impuestas por el
Tratado de Libre Comercio.
Violencia
como condición sine qua non: para la reproducción del capital tradicional y
criminal; como mecanismo para resolver disputas de poder; como continuidad de
la visión que considera la política
continuación de la guerra por otros medios, matriz ideológica de los
militares hoy en el poder y sus sucesores (a partir del poder de la
inteligencia militar).
Concesiones
controladas a movimientos sociales, para controlar la conflictividad y el
descontento territorial.
Escenario 2: articulación para transformar el Estado y el modo
de vida
La encrucijada regresión autoritaria-democracia participativa, radical, comunitaria,
está presente. El reto para movimientos sociales, de pueblos y comunidades consiste
en convertir la crisis actual en un profundo cuestionamiento de las bases
actuales de organización y convivencia, de los antivalores prevalecientes.
Para ello es imprescindible gobernar las coyunturas y construir articulaciones, siguiendo el análisis de la socióloga argentina Isabel Rauber. Según Rauber, gobernar las coyunturas significa "indagar la realidad sociopolítica en cada momento y pensar las alternativas, para moverse en las coyunturas de modo favorable a los intereses propios, evitando ser arrastrados por situaciones que beneficien o alimenten intereses ajenos".
Esta propuesta implica fortalecer la "capacidad política (práctica) de los sujetos sociopolíticos para profundizar el proceso de cambios en el sentido estratégicamente definido en cada momento", con el propósito de que los "sujetos del cambio" seamos capaces de "gobernar los acontecimientos en vez de que los acontecimientos nos gobiernen a nosotros". En este proceso, la (auto) articulación es fundamental porque "la capacidad de pensar-actuar en las coyunturas políticas con orientación estratégica radica en el pueblo todo, no es un tema o problema sectorial, corporativo ni reservado a algunos expertos".
Para ello es imprescindible gobernar las coyunturas y construir articulaciones, siguiendo el análisis de la socióloga argentina Isabel Rauber. Según Rauber, gobernar las coyunturas significa "indagar la realidad sociopolítica en cada momento y pensar las alternativas, para moverse en las coyunturas de modo favorable a los intereses propios, evitando ser arrastrados por situaciones que beneficien o alimenten intereses ajenos".
Esta propuesta implica fortalecer la "capacidad política (práctica) de los sujetos sociopolíticos para profundizar el proceso de cambios en el sentido estratégicamente definido en cada momento", con el propósito de que los "sujetos del cambio" seamos capaces de "gobernar los acontecimientos en vez de que los acontecimientos nos gobiernen a nosotros". En este proceso, la (auto) articulación es fundamental porque "la capacidad de pensar-actuar en las coyunturas políticas con orientación estratégica radica en el pueblo todo, no es un tema o problema sectorial, corporativo ni reservado a algunos expertos".
Algunas preguntas
que pueden orientar el debate y la acción en este momento son estas:
¿Qué intereses
corporativos y de poder se ven amenazados y qué intereses se ven reforzados en
la coyuntura actual?
¿Qué dinámicas
inmediatas se generan y cómo se articulan con las dinámicas estructurales?
¿Cómo nos
preparamos para escenarios posibles y/o deseables, (incluso un incierto escenario de destitución
del gobierno y rompimiento constitucional?) ¿Qué amenazas y oportunidades
plantea cada uno de ellos?
¿Cuáles son
nuestras demandas inmediatas y en el largo plazo, tácticas y estratégicas? Es
decir, cómo incidimos con voz propia en la coyuntura inmediata, al tiempo que
se fortalece el proyecto estratégico
¿Cuáles son las
acciones que visualizamos para impulsar las demandas?
¿Qué demandas nos articulan, como movimientos y con otros sectores
no organizados?
¿Cuáles deben ser
criterios y prioridades comunicativas (y por
tanto de acción política)?
¿Bajo qué principios éticos y políticos pueden construirse alianzas y acciones conjuntas?
¿Cómo nos
reorganizamos y rearticulamos para reconducir la crisis?
El Estado se
construye y reconfigura como Estado criminal corporativo, donde lo normal es
robar y enriquecerse a costa de los demás. Nuestra propuesta, pensada e
impulsada colectivamente, debe normalizar una nueva forma de vida basada en el
diálogo, el consenso, los valores, los
derechos colectivos.
Nuestras demandas
incluyen pero van más allá de la renuncia de la pareja presidencial, del juicio
y encarcelamiento de gobernantes y empresarios corruptos, violentos, ladrones,
del recambio de unos mentirosos por otros.
Proponemos la democracia
plural y comunitaria, hecha con todos y para todos. Un nuevo gobierno orientado
por la justicia, la búsqueda de la equidad en la diversidad, la pluralidad y la
solidaridad, frente al enriquecimiento fácil y los engaños, frente al Estado
corporativo criminal del momento presente.
Andrés Cabanas, 20 de abril de 2015
Andrés Cabanas, 20 de abril de 2015
[i] De características similares a la captura del
exmilitar Byron Lima Oliva y de miembros de la familia de narcotraficantes
Mendoza, en 2014.
