Un pacto por la vida

Andrés Cabanas
La aguda persecución de dirigentes sociales, organizaciones y comunidades en resistencia, anula el ejercicio de derechos básicos (participación, movilización, libre expresión, resistencia) y reduce la democracia formal guatemalteca a la categoría de tiranía.  

Comunidades bajo el fuego
Se amenaza, reprime y encarcela, con argumentos (formalmente) inapelables: la violación de la ley. Pero lo técnico-jurídico como justificador de las capturas está deslegitimado por el historial de ilícitos, arbitrariedades e irregularidades cometidas por los operadores de justicia. Recientemente: detenciones ilegales (Barillas, 2 de mayo de 2012); utilización de figuras delictivas desproporcionadas (sobre todo, delito de terrorismo como en el caso de San Juan Sacatepéquez, y delito de plagio y secuestro); condenas sin individualización de responsabilidad (Saúl y Rogelio en Barillas); abuso de la prisión preventiva y renuencia a otorgar medidas sustitutivas (Timoteo Chen en Monte Olivo, preso sin juicio desde abril de 2014); injerencia de empresas en procesos judiciales (Hidro Santa Cruz, con acusaciones a Rubén Herrera, Rogelio y Saúl); chantaje: ofrecimiento de libertad a los presos, a cambio de su anuencia al trabajo de las empresas (Saúl y Timoteo Chen).

La persecución es, por ello, política: pretende anular las críticas a un gobierno construido bajo los intereses de las empresas, que niega la soberanía de los pueblos y el control autónomo de sus territorios y bienes (soberanía expresada, entre otras, en la realización de consultas comunitarias). 

La agresión a personas y organizaciones es constante; debilita en el día a día; actúa por momentos con intensidad destructora (intento de desarticulación de la resistencia en el norte de Huehuetenango); utiliza medidas diferentes: jurídicas, comunicativas, políticas, violencia física, ahogo económico, desacreditación, aislamiento nacional e internacional, promoción de desconfianzas, divisiones, rivalidades y enfrentamientos intracomunitarios y entre representantes de comunidades y representantes de organizaciones. Es, así, una ofensiva general y multifacética, ante la que no sirve oponer acciones desarticuladas.

Aunque se apoya en la coyuntura y el corto plazo (permisividad de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia; exigencia de los financiadores del actual gobierno para viabilizar proyectos antes del cambio de ejecutivo; cercanía del proceso electoral y consecuente relajamiento y dispersión de las resistencias), la persecución define objetivos y acciones en el medio y largo plazo. Es una ofensiva de tiempo completo, con el objetivo de viabilizar un modelo económico para la extracción hasta el límite de todo tipo de recursos de las comunidades, y un modelo político de control de población y territorios, intrínsecamente violento.

Por ello, la violencia contra las luchas sociales va más allá del actual ejecutivo patriota y su lógica de seguridad y enemigo interno. Algunos precandidatos presidenciales marcan distancia con la propuesta promilitar de este gobierno y enfatizan la generación de empleo y la solución de la crisis económica como ejes de  su propuesta. Sin embargo, el reposicionamiento político de la Inteligencia Militar (como ente de control de resistencias para la gobernabilidad empresarial); el despliegue de seguridad bajo criterios militares, con la creación de Escuadrones Militares para la Seguridad Ciudadana; la multiplicación en las comunidades de todo tipo de informantes y agentes de desestabilización a sueldo; y los deseos de uno de los arquitectos de la agresión, el ministro López Bonilla, de continuar en el Ministerio de Gobernación con un nuevo ejecutivo, amenazan con la réplica de la persecución actual después de septiembre de 2015: la criminalización como política de Estado y la multiplicación de presos y perseguidos políticos en todo el territorio.

Democracia de mínimos
Represión, centralización, militarización, autoritarismo, desconocimiento de leyes, corrupción y saqueo del Estado, reducción de derechos: este momento preelectoral es también el instante de más bajo ejercicio democrático en la historia reciente. Aunque en el país no funciona una dictadura clásica, se instala o se ha instalado ya un modelo político tiránico, afincado sobre el poder económico y el poder militar, fortalecido por:  

los megaproyectos construidos y otros en proceso, como el gasoducto trinacional (México, Honduras, Guatemala) para la explotación y distribución de gas natural y el hipercontaminante gas de esquisto, obtenido a través del fracking[1]);

la generación de un marco legal para la expansión sin obstáculos de las empresas (salarios diferenciados, exenciones fiscales, construcción en un futuro de territorios autónomos –ciudades modelo, con juridicidad, legalidad, seguridad y gobierno propio- para el desarrollo empresarial);

el control del Estado y el poder político;

la violencia como garantía para la reproducción del poder; 

la amplificación de la dependencia neocolonial: Alianza para la Prosperidad, que subordina Guatemala a la agenda exterior de Estados Unidos.[2]

Este modelo expoliador autoritario, no exento de contradicciones y disputas (entre economía tradicional, criminal y emergente, y entre diversos actores, incluidas transnacionales) quiere reforzarse con una reformulación de la Constitución vigente, para adaptarla a la realidad y necesidades actuales de los actores dominantes (nuevo pacto de élites). Esta adaptación gira, en las expectativas de actores de poder, alrededor de la eliminación del carácter garantista de la actual Carta Magna, el desconocimiento de los Convenios internacionales de protección a los derechos humanos, la negación de los derechos de comunidades indígenas, la privatización del subsuelo y la negociación de nuevas reglas para el reparto del poder político (con reformas a la ley electoral y de partidos políticos y al actual sistema de justicia).

Articular la defensa del territorio y la vida
El modelo de explotación se expande, se construye para el hoy y el largo plazo, actúa desde frentes múltiples, articula lo legal y lo ilegítimo, se apoya en la persecución y la criminalización.

La defensa del territorio y la vida (que implica defender y ampliar los derechos colectivos, y proteger y apoyar la lucha de las comunidades, organizaciones y dirigentes) plantea retos mayúsculos. La existencia de presos políticos revela tanto la naturaleza depredadora del poder político y económico, como las dificultades de las resistencias para detener la agresión y construir a medio y largo plazo nuevas formas de organización social, política y económica.

Las respuestas desarticuladas, focalizadas, exclusivamente reactivas, son insuficientes para enfrentar la agresión: por ejemplo, las medidas jurídicas desvinculadas de la acción  política, y viceversa. No bastan las acciones desde un solo ámbito de lucha o un solo territorio. Debemos reconocer que no logramos superar y nos hace daño la fragmentación entre representantes de pueblos, comunidades y organizaciones; la incomunicación y la desinformación; la multiplicación de las desconfianzas; la continuación de una cultura política determinada por el caudillismo, más que por la construcción colectiva; las divisiones por cuotas y participación electoral, presentes ya en los movimientos, sin reconocer que el proceso electoral es, también, escenario para la resolución de disputas intraelitarias, que cambien la forma sin modificar la orientación de fondo.   

El momento requiere de un gran pacto que defienda y desarrolle un nuevo proyecto, articulado desde la colectividad, la horizontalidad, el reconocimiento del aporte de todos y la necesidad de todos los aportes, la valoración de las pluralidades (no existe una sola forma, una sola visión, un solo proyecto), la renuncia, de ser necesario, a privilegios y liderazgos preestablecidos, la renovación de las miradas y las formas de hacer política, sobre todo a partir del aporte de los jóvenes, la construcción de un sujeto político social con una nueva ética y accionar, la solidaridad como eje fundamental (empezando con la solidaridad con los perseguidos políticos y sus familias).

No es un pacto o agrupamiento mecánico de organizaciones y siglas, coyuntural, basado en cuotas de poder, diseñado para o ante el periodo electoral. El objetivo es fortalecer la colectividad y el gobierno de lo público, frente a un Estado construido por y para las empresas, a partir de principios comunes y articulaciones nuevas. 

Es un pacto para la libertad de Rogelio, Saúl, Rigoberto, Timoteo, los cuatro líderes de San Juan condenados a casi 300 años de prisión, Bárbara, Adalberto, Chico, Arturo, vós y yo: todos los amenazados en nuestros derechos fundamentales, incluidos el derecho a soñar y plantear un mundo nuevo. Un pacto para construir entre todas y todos una nueva vida.



r[1] Ver Centro de Documentación en www.memorialguatemala.blogspot.com
[2] Ver el trabajo de Luis Solano sobre la Alianza para la Prosperidad en Centro de Medios Independientes, cmiguate.org

Carta abierta al Presidente del Gobierno de España

Imagen: Alba Cecilia Mérida
Persecución y presos políticos en Santa Cruz Barillas
Señor Presidente Mariano Rajoy: en el momento en que usted visita Guatemala, quince ciudadanos y dirigentes comunitarios de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, han estado o permanecen en prisión como consecuencia de la oposición a la instalación arbitraria de una hidroeléctrica.  

El tiempo acumulado de prisión desde la llegada de esta hidroeléctrica (denominada Hidralia, Ecoener o Hidro Santa Cruz, propiedad de empresarios españoles) es de 3,803 días, equivalentes a más de 10 años, como refleja el cuadro adjunto:  

Nombre
Días en prisión (hasta 10 de marzo de 2015)
Porcentaje días en prisión preventiva (sin juicio o condena firme)
Periodo en prisión
Adalberto Villatoro
13
100%
Desde el 26 de febrero de 2015
Francisco Juan
13
100%
Desde el 26 de febrero de 2015
Arturo Pablo
13
100%
Desde 26 de febrero de 2015
Rogelio Velásquez
813
95%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013 (primer periodo)
28 de agosto de 2013 a 10 de marzo de 2015
Saúl Méndez
813
95%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013 (primer periodo)
28 de agosto de 2013 a 10 de marzo de 2015
Rubén Herrera
82
100%
15 de marzo de 2013 a 5 de junio de 2013
Marcos Mateo Miguel
142
100%
2 de mayo de 2012 a 20 de septiembre de 2012
Esteban Bernabé
198
100%
2 de mayo de 2012 a 15 de noviembre de 2012
Pascual de Pascual
198
100%
2 de mayo de 2012 a 15 de noviembre de 2012
Diego Juan Sebastián
253
100%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013
Ventura Juan
253
100%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013
Amado Pedro Miguel
253
100%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013
Pedro Núñez
253
100%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013
Joel Gaspar Mateo
253
100%
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013
Andrés León Andrés
253
2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013
Total días
3,803
  Elaboración: Andrés Cabanas

Todos los procesos judiciales y los encarcelamientos son consecuencia de la conflictividad generada tras la llegada de la empresa, y están auspiciados directamente por la hidroeléctrica o a través de bufetes de abogados, aparentemente ajenos a la misma. 

Señor Presidente: es de conocimiento público que Hidro Santa Cruz opera en el municipio de Barillas sin licencia social, es decir, sin la aceptación mayoritaria de la población. A falta de consenso comunitario, obtiene respaldo a través de engaños (inicialmente compraron tierras para sembrar cardamomo); métodos violentos (contratación de empresa de seguridad y operadores militares); promoción de la división comunitaria; alianzas con el poder político, judicial, militar y paralelo; amenazas a líderes; persecución y repersecución (nuevos delitos) judicial.

Este proceder irregular está documentado en informes independientes y resoluciones de organismos internacionales. Entre otros: 

queja presentada por organizaciones del estado español ante la Defensora del Pueblo; 
denuncias públicas de eurodiputados: Marina Albiol, grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, grupo Amaiur en el Congreso de España; 
constatación de detenciones ilegales de los capturados en mayo de 2012 (Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas); 
acusación de utilización de figuras delictivas desproporcionadas (sobre todo terrorismo, plagio y secuestro) para perseguir judicialmente a los líderes, realizada en 2013 por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sin embargo, el accionar anómalo de Hidro Santa Cruz no ha limitado el apoyo de su gobierno. El silencio, o el aval gubernamental y estatal, avalan la impunidad empresarial.

Señor Presidente: ningún interés de inversión puede cimentarse sobre la persecución de las organizaciones comunitarias, la restricción de libertades y derechos (de participación, organización, movilización y resistencia), el daño conscientemente provocado: a los presos, a las familias (sobre todo las mujeres, obligadas a vivir en función de la cárcel), a las comunidades, cuya organización se desestructura y reconfigura en función del nuevo poder determinante y externo, el poder de las empresas.  

Las relaciones entre países no pueden priorizar la agenda comercial sobre el diálogo político. Las inversiones no tienen preeminencia sobre los derechos y no pueden desarrollarse a costa de la desarticulación social y el control territorial. 

Las empresas no deben estar por encima de las leyes y de la democracia, expresada en la capacidad de decisión y el voto comunitario. El desarrollo, entendido como generación de riqueza privada, no puede avasallar la voluntad expresa de las comunidades.

Con estos antecedentes, su visita y la llegada de nuevas empresas españolas al país (más de 20 acompañándole en su viaje) constituye una alerta más que un motivo de esperanza. En su único viaje oficial a Guatemala usted opta por una agenda 100% empresarial, no por el dialogo democrático. 

Señor Presidente: la detención reciente de tres líderes (26 de febrero, días antes de su visita) agudiza de forma irresponsable y alarmante la tensión en el municipio. Podrá usted decir que ni el gobierno de España ni la empresa Hidro Santa Cruz tienen incidencia en las decisiones del sistema de justicia; argumentará que los detenidos perseguidos lo son por criminalidad común, no por razones políticas; alegará que el gobierno no tiene potestad sobre el actuar de las empresas; querrá convencernos de que los comportamientos cuasi criminales de la empresa constituyen apenas un error, reparable.

La realidad es que la empresa pretende imponer su voluntad, manipula y divide comunidades, criminaliza y acusa, ignora o interpreta de manera selectiva la ley: desconoce el derecho de consulta, reconocido en el Convenio 169; omite  la licencia de construcción municipal a pesar de la obligatoriedad de la misma, recogida en el Código Municipal; no toma en cuenta decenas de actas comunitarias que expresan el rechazo a la hidroeléctrica (entre otras, de fecha marzo y abril de 2012, y posteriores) con miles de firmas. 

El pueblo de Barillas no necesita inversiones de altísimo costo social. Necesita respeto y dignidad para elegir su modelo de vida y desarrollo con autonomía. Necesita garantizar el fin de la persecución política, la libertad de todos los presos, la recuperación de la paz social y la reconstrucción de un tejido social sumamente dañado, para lo que es imprescindible la retirada sin condiciones de Hidro Santa Cruz de Barillas. 

Poder de la empresa y beneficios, frente a derechos colectivos. No existe hoy alternativa. Que le vaya bonito y hasta nunca, señor Presidente. 

Imagen: Alba Cecilia Mérida

Actuemos para que no haya presos políticos

Zenayda y Carmelia. Foto: Alba Cecilia Mérida
Andrés Cabanas, Alba Cecilia Mérida, Rubén Herrera y María Dolores Marroquín

Cada vez con mayor cinismo las instituciones de justicia apresan a quienes defienden la vida. Estas instituciones protegen el ansia de acumulación de las empresas, a costa de la destrucción de la naturaleza y la vida de las personas.

Corroboramos que el Estado guatemalteco criminaliza a ciudadanos inocentes: personas buenas, trabajadoras, luchadoras, hombres y mujeres sencillas, cuyas  acciones han estado al servicio de sus pueblos y la defensa de la vida.

El profesor Arturo, don Chico Palas y don Tello Villatoro, líderes de Santa Cruz Barillas enviados a prisión preventiva el 26 de febrero, son inocentes. Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, también de Santa Cruz Barillas y condenados a 33 años de prisión, son inocentes. Timoteo Chen, de Monte Olivo, y Bárbara Díaz, de San Juan Sacatepéquez, en espera de juicio, son inocentes. Solamente en Santa Cruz Barillas, a partir de la llegada de una transnacional española, han sido encarcelados seis dirigentes: presos políticos del Estado. Son centenares de personas en toda Guatemala acusadas y con órdenes de captura. 

La lucha de los presos es nuestra lucha, su cárcel nos afecta y reta. Reta a la solidaridad. Reta a la rearticulación. Reta a superar agendas e intereses particulares. Reta a no dejarnos llevar por la provocación y la lógica (hegemónica y funcional al poder) de la violencia. Reta (nos recuerda Cesia, hija de Chico Palas) a la unidad. 

La centralidad de los presos en nuestros discursos y denuncias debe convertirse en la centralidad de su figura en nuestras luchas. Cada acción, cada propuesta, deben ser valoradas y validadas a la luz de las personas que están presas, con el objetivo de su libertad inmediata. Los desencuentros, las agendas propias, las desconfianzas, los protagonismos y liderazgos verticales, tienen que ser superados, porque dificultan la lucha por la libertad de los presos. 

La prisión nos alcanza a todos, en esta cárcel en que se está convirtiendo Guatemala. Los presos pierden todos sus derechos. Las familias, sobre todo las mujeres, vemos nuestras vidas desestructuradas. Se pierde el control de todo lo que teníamos: nuestras seguridades, nuestras certezas, nuestros afectos. Nuestras casas se quedan, nuestros trabajos se quedan. Todo nuestro pensamiento y nuestro intelecto se enfocan en venir a la cárcel. Las comunidades se desestabilizan y se debilita su tejido social y organizativo.

La prisión de uno solo de los defensores del territorio y la vida limita nuestras esperanzas. Mientras haya presos políticos, debemos accionar. Sigamos el ejemplo de Isabel Solís y Ramiro Choc, de Alba Cecilia Mérida y Rubén Herrera, del Consejo de Pueblos Tezulutlán y los perseguidos de Monte Olivo, de Zenayda y Saúl Méndez, de Carmelia Mérida, esposa de Rogelio Velásquez:"No voy a descansar ni dejar de hacer, tenemos que estar animados, fuertes, sin miedo". 

Debemos dar a conocer a nivel mundial las violaciones a los derechos humanos que ocurren todos los días en Guatemala. No podemos dejarnos arrastrar por un proceso electoral caduco. No podemos pactar con este sistema que que limita nuestras posibilidades de avanzar. 

Demandemos el respeto a la vida, el ejercicio de todos los derechos, la integridad. Mostremos indignación ante los recurrentes atropellos a la libertad de personas inocentes, cuyo crimen es defender los derechos de su pueblo.

Actuemos para que no haya presos políticos. 
6 de marzo de 2015