Cambiar de gobierno y de modelo

Dios los cría y la corrupción los junta. Foto Prensa Libre
Andrés Cabanas, 10 de noviembre
Las recurrentes denuncias contra funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Patriota evidencian la corrupción política y cuestionan un Estado y un poder construidos sobre el desprecio de las leyes y la democracia, con rasgos militares y autoritarios.

Septiembre y octubre de 2014 representan el bimestre horrible y oscuro del Presidente Pérez Molina. En estos dos meses se suceden la captura de Byron Lima (aliado político del Presidente) por pertenencia a estructura criminal; las acusaciones a Gudy Rivera, fundador del Partido Patriota y expresidente del Congreso, por ejercer presiones para favorecer a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia; las denuncias de enriquecimiento ilícito de la Vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Molina; el involucramiento de funcionarios de la Municipalidad de Mixco (regentada por el hijo de Pérez Molina) en agresiones a diputados; la cancelación temporal del Partido Patriota y la remoción de su Secretaria General (y Vicepresidenta de Guatemala) debido al incumplimiento de la ley electoral; las acusaciones por corrupción en la persona de Jorge Villavicencio (exministro estrella de Salud) y la contradenuncia de Villavicencio a la Vicepresidenta; la acusación al jefe del área de salud de Huehuetenango y a la diputada patriota Emilenne Mazariegos, por reparto de recursos públicos…

Las denuncias, contundentes y duras, revelan actorías criminales y formas de ejercer el poder impropias y espurias. Entre otras:

participación de grupos paralelos y clandestinos en la conducción del Estado y en la definición de políticas del Ejecutivo (caso Lima Oliva): es decir, el poder político aliado y/o subordinado al poder criminal;
control del sistema de justicia por actores e intereses privados (caso Gudy Rivera, Comisiones de Postulación y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia);
lucha contra la corrupción casuística y parcial: vendetta y disputa de poder (caso que involucra al ex ministro de Salud);
concepción del Congreso y en general la cosa pública como instrumento de negocios y poder personal (caso Emilenne Mazariegos y negociación de plazas de salud);
gobierno de impunidad y rechazo al Estado de Derecho (campaña electoral anticipada).


Ante las denuncias, el Presidente cruza líneas rojas: niega los hechos con argumentos demasiado cercanos a la mentira; ataca a los denunciantes con agresividad impropia; apoya a los denunciados, no bajo el principio de la presunción de inocencia  sino negando la validez de las acusaciones, como si fuera investigador y juez; acusa al mensajero y propone concluir sin prórroga el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG (pieza clave en las investigaciones mencionadas y otras estratégicas: financiación de partidos políticos y corrupción en aduanas); insiste en el desprecio de la ley, al proseguir de forma ilegal y ostentosa con la campaña electoral anticipada.

El interés presidencial es obvio: una a una -y todas juntas- las denuncias apuntan a su círculo más cercano de relaciones políticas y amistad. La persecución penal al Presidente no debería estar lejana. 

Las denuncias que estrechan círculos alrededor del Presidente y su partido, configuran un escenario de tensión extrema, en el que abundan los rumores de golpe de estado y no se descartan soluciones de fuerza. El actual gobierno, operador de sectores poderosos (económicos, internacionales, militares) comienza a ser percibido por parte de esos sectores como obstáculo y factor de inestabilidad. Por igual, la sensación de acorralamiento, la pretensión de consolidarse en el gobierno, y la oposición a este escenario, alientan reacciones violentas.

La reelección presidencial o ampliación del periodo, la judicialización (de la oposición o los gobernantes, reactivando por ejemplo el caso del harinazo a Baldetti, que involucra a Líder), las negociaciones de todo tipo, las reformas de leyes o reforma constitucional que definan nuevas reglas de juego, la violencia física, la disolución del Congreso y del sistema de justicia (o su definitiva instrumentalización), el golpe clásico, se perciben como acontecimientos posibles y cercanos: para modificar la actual composición del poder o para fortalecerla.

Disputas de poder y regeneración democrática


Las voces que responden a hartazgo ciudadano y plantean la regeneración democrática (algunos abogados, algunos periodistas, movimientos sociales, algunos empresarios) son cada vez más visibles y fuertes –por tanto, nada desdeñables- pero todavía minoritarias. Muchos de quienes acusan hoy al Partido Patriota y al gobierno fueron sus grandes valedores hasta hace días. Estos sectores no pretenden recuperar la dignidad y el sentido de la acción política, sino disputar y preservar espacios de poder, para seguir haciendo lo mismo. 

Esto implican los acontecimientos recientes: una aguda disputa, prólogo de las elecciones generales de 2015 y consecuencia de la colusión de intereses de actores aglutinados alrededor de la economía tradicional, la economía emergente, la economía criminal y la economía transnacional.

Está en juego el reparto de negocios y poder político, en un contexto de disputas múltiples, que enfrentan a oligarquía y nuevos ricos (la economía criminal moviliza más o iguales recursos que la economía tradicional y exige nuevas cuotas de poder), capital transnacional y capital nacional (las empresas transnacionales son el poder determinante), oligarquía y ejército (ampliación de espacios de decisión y actoría pública de éste). 

Estas disputas no son nuevas, pero involucran hoy un importante reacomodo de fuerzas y tensiones diferentes. La intensidad de las mismas conlleva que las elecciones pueden no estar funcionando como mecanismo de reconfiguración del sistema. La crisis y adaptación del capitalismo, la pérdida de influencia de opciones progresistas en Latinoamérica, y el fortalecimiento de opciones violentas y antidemocráticas a nivel global añaden otro elemento de tensión. 

Desde abajo: cambiar el modelo


Las confrontaciones internas no cuestionan el eje de un Estado construido para minorías: de hecho, invisibilizan esta problemática. No proponen la recuperación del ejercicio de derechos. No fortalecen y legitiman la participación ciudadana. Atacan la corrupción si no se ven favorecidos por ella. Plantean soluciones superficiales: cambios en procedimientos, en algunas leyes, en el gobierno o el congreso.

Mientras estas disputas se definen, el proyecto empresarial-militar no descansa: convoca nuevos proyectos extractivos (gasoducto); legisla para institucionalizar el despojo (ley monsanto, ley tigo, ley de competitividad, acuerdos de libre comercio); propone reformas constitucionales para reconfigurar el sistema, en la lógica de recorte de libertades y fortalecimiento de los derechos mercantiles.

Lo preocupante es que la intensa actividad política de estos meses margina una agenda construida sobre necesidades sociales y se centra en la garantía de impunidad como foco de la acción del ejecutivo y otros poderes (pactos legislativos, sistema de justicia).

El reto es construir un análisis estructural de la crisis que trascienda la venalidad gubernamental y de otros actores (Congreso de deiputados, abogados) y visiblice un Estado y un poder político construidos para el negocio, a través de la criminalidad: las incoherencias y debilidades de un Estado configurado para el beneficio de pequeños sectores de poder, excluyente, autoritario, violento y criminal. 

Se vuelve perentorio denunciar las soluciones autoritarias que no resuelven la crisis actual, sino la reconducen a favor de actores tradicionales.

Es imprescindible redefinir la agenda política, hoy dominada por la impunidad, la corrupción, los pactos y peleas de élites, el autoritarismo antidemocrático, el individualismo: hacia el ejercicio de derechos, la  ampliación de la democracia, la reorientación del modelo económico, la plurinacionalidad, la solidaridad, la colectividad, la denuncia de las arbitrariedades y la reconstrucción desde propuestas de dignidad, honradez, democracia y legalidad.

No se trata nada más de cambiar este gobierno (o este Congreso, o este sistema de justicia), por mucho que su lugar en la historia esté más cerca de la cárcel que del altar. Son el Estado, el poder político y el modelo económico y social los llamados a sentarse en el banquillo de los acusados: aunque mediáticamente pasaron desapercibidos, el inicio de los juicios por la masacre de la Embajada de España y por violaciones sexuales cometidas por el Ejército como política de estado durante el conflicto armado, abonan a esta idea. 

Estamos en un momento crítico, que puede derivar en la renovación y profundización del autoritarsmo, o en el parte aguas para la construcción de relaciones democráticas, horizontales, de un modelo político y económico de raíz comunitaria, centrado en los derechos de la naturaleza y las personas.

Tenemos que transformar el modelo de organización y de vida.

Otros artículos:
http://www.memorialguatemala.blogspot.com/2014/09/el-estado-en-el-banquillo-de-los.html

Guatemala, estado de excepción

La empresa española Hidralia está acusada de numerosos
crímenes en Guatemala. Un caso entre tantos que han
colocado a este país en un estado de excepción permanente.

Publicado originalmente en Periódico Diagonal


No es exagerado afirmar que la llegada de transnacionales marca un antes y un después en la vida de las comunidades en Guatemala. El después implica terror por la presencia del Ejército y grupos armados, presos políticos, violencia sexual, debilitamiento de autoridades comunitarias y de la precaria institucionalidad democrática, divisiones intracomunitarias, militarización y estados de excepción.

Negación de los derechos de los pueblos sobre su territorio, asesinato de campesinos, ataques a comunicadores y más de 200 detenidos son algunas de las consecuencias del accionar de estas multinacionales, entre las que se encuentran empresas españolas como Hidralia Energía.

En otros casos, las empresas recurren a procedimientos ilegales, al eludir el pago de impuestos o al suscribir contratos sin licitación pública: es el caso de Terminal de Contenedores de Barcelona, que recibió en usufructo 348.000 m2 de terreno.

El actuar impune de empresas transnacionales en Guatemala no es posible sin el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, que ignoran denuncias de violaciones de derechos. En Barillas, ni la embajada española ni los financiadores –Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura y NorFund, de Noruega– tienen en cuenta las denuncias: entre otras, la queja presentada a la oficina del Defensor del Pueblo en junio de 2014, y la próxima interpelación a la Alta Representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores sobre los crímenes cometidos por Hidralia Energía, promovida por Izquierda Plural.

En Monte Olivo, la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, promueve un proyecto que ya ha generado muertes de adultos y menores: el 23 de agosto de 2013, los niños Hageo Maas y David Pacay recibieron disparos procedentes de un ex- trabajador de la hidroeléctrica presente en la zona. Ambos fallecieron pocos días después.

Falta de regulación


Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por la ONU y vigentes desde 2012, no derivan en “obligaciones jurídicas”, como los propios principios reconocen. Esto implica que, si una empresa viola derechos humanos, no es objeto de sanción. Las empresas transnacionales no tienen la obligación de “respetar la ley” y están exentas de “sanciones civiles y penales”, indican Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta, del Observatorio de Multinacionales en América Latina.

Las demandas de las comunidades afectadas son sorteadas a través de artimañas legales y políticas, que permiten a las empresas ocultarse mediante subsidiarias y establecer alianzas con actores políticos, grupos armados y operadores de justicia, para garantizar impunidad.

La falta de regulación sobre las grandes empresas se produce precisamente cuando su poder es mayor. Las transnacionales son, recuerda el abogado Alejandro Teitelbaum, los “poderes determinantes”, con capacidad de dictar leyes, influir sobre autoridades políticas, enviar dirigentes sociales a la cárcel, y reordenar territorios a la medida de sus intereses.

La superación de la impunidad empresarial pasa por fortalecer el poder de las sociedades y Estados. La creación por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular las actividades de las transnacionales en junio de 2014 es un paso significativo en esta dirección. Que el trabajo de este grupo prospere depende de la articulación de esfuerzos de comunidades en resistencia, organizaciones locales, organizaciones y coaliciones internacionales con capacidad de incidencia, redes de comunicadores, periodistas e investigadores.

El actual modelo de desarrollo equipara bienestar a acumulación y consumo; destruye la naturaleza y explota a otras personas; agota ciclos vitales y pone en riesgo la reproducción de la vida; se basa en el ideal de la "persona-empresa"–Amador Fernández Savater-; se reproduce a partir de la competencia y la individualización de la vida, en contextos de derechos cada vez más restringidos.

En el medio plazo, se trata de pensar y construir nuevos modelos de vida, que fortalezcan la solidaridad, la colectividad y la ampliación permanente de derechos de personas y de la naturaleza. En estos nuevos modelos, las empresas transnacionales acumuladoras y violentas no tienen razón de existir.


Historial de ataques recientes de las transnacionales
IZABAL. Violencia sexual en enero de 2007 contra once mujeres en Lote Ocho, que involucra a la canadiense Hudbay Minerals.
BARILLAS. Agresión a dos campesinos y asesinato de otro, el 1 de mayo de 2012 en Santa Cruz Barillas, responsabilidad de una compañía de seguridad subcontratada por la empresa española Hidralia Energía.
SAN JOSÉ DEL GOLFO. Agresiones a comunicadores sociales en San José del Golfo, donde opera una minera canadiense.
MONTE OLIVO. Hostigamiento, persecución y agresión en contra de la comunidad de Monte Olivo, Alta Verapaz, con participación de la Corporación Financiera Internacional- Banco Mundial como financiadora de un proyecto hidroeléctrico.
200 DETENCIONES. Negación sistemática del derecho a la consulta y el consentimiento de la población; persecución judicial –favorecida por las empresas– contra organizaciones, líderes y comunidades en resistencia: desde 2012 se han producido más de 200 detenciones ilegales y decenas de encarcelamientos.