Consultas comunitarias y desarrollo. Nueve preguntas y un sueño



Los empresarios pretenden viabilizar un modelo de desarrollo violento, destructivo y excluyente: Oxec y todos los demás proyectos ilegales e ilegítimos.

Las comunidades disputan el derecho a decidir, la libre determinación sin restricciones.

Este es el trasfondo de la sentencia Oxec y de la campaña empresarial para regular el derecho de consulta. Este es el debate.

Andrés Cabanas, 10 de julio de 2017

1. ¿Qué alcances tiene la reglamentación de las consultas comunitarias?

Los empresarios insisten en que las consultas no tienen poder decisorio: son solo un mecanismo indicativo, no vinculante, para llegar a acuerdos. La presencia de empresas queda al margen de la posibilidad de decisión comunitaria.

Se desarrolla, así, un procedimiento de consulta sin decisión, que disminuye o anula el derecho de libre determinación de las comunidades.

2. ¿Qué implica la regulación o reglamentación? 

Para los empresarios, la regulación y limitación del derecho de consulta es el camino para viabilizar un modelo de desarrollo impuesto, violento, destructivo y excluyente: Oxec y todos los demás proyectos en igual situación de ilegalidad e ilegitimidad (San Rafael, La Puya...).

La reglamentación a partir del procedimiento determinado por la Corte de Constitucionalidad en el caso Oxec (26 de mayo, vía ley del Congreso) es uno de los procedimientos, pero no el único.

El Ejecutivo avala esta opción, vinculando la Construcción de Estándares básicos para la realización de consultas (proceso desarrollado desde el 12 de octubre), con la decisión de la CC y las propuestas empresariales. Los tres poderes del Estado, empresarios nacionales e internacionales y la Organización Internacional del Trabajo muestran un frente unido, hasta el momento: no persiguen la violación de derechos y promueven, en nombre de la certeza jurídica y la inversión, los proyectos destructivos.

3. ¿Qué sucede con los proyectos que están en ejecución y no han realizado consultas comunitarias?

Los empresarios proponen que proyectos que han violado derechos continúen operando, por lo que la consulta libre, previa e informada se desarrollará con posterioridad.

La consulta a posteriori, denominada también consulta reparadora u homologación retroactiva, valida procesos de socialización e información realizados por las empresas.

El plan es legalizar proyectos extra-destructivos, impuestos con violencia y en fraude de ley (ausencia de licencia de construcción, estudios de impacto ambiental deficientes, compra de tierras con engaños...)

4. ¿Qué hacemos con empresas que cometieron ilegalidades y violaron derechos?

Deben cesar su actividad y ser sometidas a juicio.

5. ¿Qué consecuencias tiene la suspensión de proyectos? 

La disminución o anulación del derecho de decisión va acompañada de una agresiva campaña de comunicación. Nos asustan con la hecatombe económica, el derrumbe de las instituciones, el fin de nuestro modo de vida actual (tampoco parece mala idea).

En general, se ataca a los perseguidos y perjudicados (comunidades y organizaciones que apoyan) y se protege a quienes violan derechos. 

La realidad es que megaproyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivo y otros, contaminan, destruyen fuentes de agua, dividen y enfrentan a población, incrementan las tasas de suicidio, alcoholismo y prostitución, como revelan los estudios sobre el impacto de la mina Marlin en San Marcos: Los problemas creados por la mina Marlin en San Marcos y El megacaso contra la mina Marlin por prácticas de corrupción , entre otros. 

La retirada de estos proyectos permitiría empezar a (re)construir equilibrios y diálogos sociales en condiciones de justicia. 

6. Los empresarios dicen que las consultas comunitarias desincentivan el desarrollo...

El desarrollo publicitado por los empresarios empobrece y destruye; las consultas no deciden; la certeza jurídica nos tiene en la incertidumbre social; las inversiones expropian para unos pocos, en vez de generar riqueza para todos.

Este modelo empresarial y de desarrollo, que se concreta en un Estado corporativo e impositivo, hace aguas. El desafío es cuestionarlo para transformarlo.

7. ¿Qué son para los pueblos las consultas comunitarias?

Las consultas comunitarias, además de la decisión sobre proyectos extractivos, garantizan el derecho de libre determinación y construyen nuevas formas de organización y de ejercicio del poder en los territorios.

8. ¿Los casos de Oxec, minera San Rafael y otros, en que situación nos dejan?

Para las comunidades, el debate fundamental es, en primer lugar, la disputa por el derecho a decidir, donde la libre decisión y determinación de los pueblos es respetada, sin restricciones; en segundo lugar, la construcción de un Estado y forma de organización donde este derecho no sea reprimido.

Esta disputa continúa o se incrementa tras la sentencia en el caso Oxec.

9. ¿Cuáles son los retos para las organizaciones sociales?

Ante la subordinación del Estado y el sistema de justicia a intereses  empresariales, corresponde proponer nuevas formas de organización social, asamblearias y de los pueblos.

10. Un sueño...

Tenemos que soñar un país distinto.

Necesitamos agua, frijol, maíz, tierra, no mineras ni inversiones extractivas.

Queremos más derechos y menos imposiciones: el derecho a decidir de los pueblos, la democracia real y comunitaria, el predominio del bien común y el buen convivir. Por tanto, la reorganización del Estado guatemalteco para este fin (fundación de un nuevo Estado plurinacional, popular y multisectorial).

¿Es irreal, es imposible? Puede ser, pero prefiero este sueño a la pesadilla de la destrucción y la injusticia, mil veces repetida.


Derecho a decidir

Andrés Cabanas, mayo 2015

Las consultas comunitarias desarrolladas en Guatemala desde 2005 trascienden la oposición a proyectos extractivos en territorios (minería, hidroeléctricas, etc).

Las consultas cuestionan y debaten sobre modos de vida, y sobre la defensa de la identidad y cosmovisión de los pueblos frente a proyectos que la afectan de forma estructural. Esta situación no se refiere solamente a procesos de pueblos indígenas, sino de comunidades y pueblos en general, que proponen nuevos ámbitos de consulta (sobre el agua en el oriente del país), nuevas formas de representación, organización y decisión.

Las consultas promueven una democracia directa, amplían el régimen de derechos, fortalecen una nueva cultura política fundamentada en el diálogo y el consenso, en vez de la imposición.

Aunque autoridades estatales y actores económicos niegan la validez de las consultas, estas se legitiman al constituir un ejercicio de decisión comunitaria y de los pueblos, fundamentada en tradiciones históricas, en leyes vigentes y en el derecho de decisión, que abarca la capacidad de definir el modelo político, económico y social.

La reducción del análisis de la validez de las consultas a aspectos legales, frecuentemente seguida por gobierno y empresas, se convierte en camisa de fuerza. Si se promueve por encima de la voluntad y la decisión de las comunidades, es ejercicio de poder arbitrario.

Esta sistematización analiza el proceso de consultas en el marco de:
  • el debate del modelo político o el modelo de democracia: los límites de la democracia y el sistema político vigentes frente al protagonismo y la decisión directa de pueblos y comunidades;
  • el debate del modelo de desarrollo económico, impuesto y opuesto a las decisiones comunitarias,
  • el debate sobre el derecho de pueblos y comunidades a decidir su propio destino, libremente y en todas sus dimensiones. 
 
El ejercicio del derecho a la consulta se convierte en ensayo de nueva organización y operativiza el derecho de libre determinación, no incluido en el sistema jurídico oficial; es decir, el derecho de los pueblos a definir libremente su destino, en aspectos sociales, políticos y económicos.

Cierra filas, cierra espacios

Andrés Cabanas, 28 de mayo de 2017. Fotografía: Colectivo MadreSelva

La continuación del proyecto Oxec en territorio q´eqchi´ recalca la subordinación del Estado y el sistema de justicia a intereses empresariales. Corresponde ahora proponer nuevas formas de organización social, asamblearias y de los pueblos. Corresponde soñar un país distinto.

Las presiones empresariales convirtieron el proyecto hidroeléctrico Oxec en cuestión de Estado y obligaron a la Corte de Constitucionalidad a una decisión favorable a este proyecto. El resultado es un contrasentido: una resolución que reconoce violación del derecho de consulta, en primer lugar, aceptando acto seguido que los violadores continúen desarrollando su negocio.

Según decisión de 26 de mayo, nuestra amada Corte de Constitucionalidad (CC)  "da sin lugar los recursos de apelación presentados por la empresa Oxec y por el Ministerio de Energía y Minas" mas sin embargo "permite la continuación de la actividad empresarial durante al menos doce meses".

Una empresa y un proyecto ilegítimo e ilegal puede continuar operando. Sin ser abogado puedo ver la paradoja de una decisión judicial que reconoce que no se hizo la consulta, pero lo acepta al permitir que la empresa siga produciendo energía. Es “un sí pero no, dado de la manera más servil”, afirma José Cruz, miembro del Colectivo MadreSelva y acompañante de la resistencia comunitaria.

Para rematar, una pirueta juridico-política empeora la decisión, al ordenar la CC que se realice la consulta pendiente (sí, la que el Convenio 169 y la propia CC definen como previa, libre e informada).

Si la consulta previa, libre e informada ya no es posible, ¿qué consulta propone la Corte? La consulta “posterior, perseguida y desinformada” afirma el abogado Sergio Vives, es decir, la consulta cuando "ya los proyectos operan y la población sufre persecución política y es objeto de intimidación y estrategias de persecución" (José Cruz).
Es un callejón de salida única: durante la discusión de Construcción de Estándares Básicos para las consultas comunitarias, iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12 de octubre de 2016, sectores empresariales proponen la homologación retroactiva de los proyectos en ejecución y la consideración de la consulta como indicativa y de carácter negociador, no como posibilidad de decisión de las comunidades. Es de temer que estos y otros aspectos similares iluminen la propuesta de consulta sobre Oxec en las comunidades.

Funcionaron presiones a la Corte de Constitucionalidad

Durante meses, una intensa campaña mediática equiparó Oxec con progreso, abogó por la seguridad y la certeza de inversiones y amenazó con pérdida de empleos (60,000 en el sector hidroeléctrico, 1,600 aproximadamente en Oxec), incremento de 40% en la tarifa de la luz y caída de la  inversión extranjera  (“índice de confianza de inversión extranjera directa”), si el proyecto Oxec era suspendido de forma definitiva.

La campaña criminalizó a comunidades y organizaciones sociales (logró extender orden de captura contra uno de los dirigentes, Bernardo Caal Xol, 29 de marzo) e hizo una fastuosa y peligrosa equivalencia: defender Oxec es defender a Guatemala; por tanto, los  opositores son malos guatemaltecos. Descalificación de luchas, datos sin contexto,  estrategia del miedo y polarización fueron los principales argumentos utilizados, que finalmente enredaron a la Corte.

Días antes de la publicación de la resolución, el director de El Periódico publicó un artículo de opinión donde planteó que la CC decidiera a favor de “privilegiar el progreso de la Nación y proteger al país de los francotiradores” (16 de mayo, página 3). En las mismas fechas, los empresarios propusieron el mecanismo de la “consulta reparadora”, como forma de legalizar los proyectos que se hubieran saltado el engorroso trámite de consultar a las comunidades. Tal cual, con otras palabras, decidieron los magistrados.

La Corte cerró filas con los poderes empresariales involucrados directamente en el proyecto y con las élites, temerosas del  mal ejemplo de la paralización de un proyecto. Fuera del debate (una vez más) queda la violación de los derechos de comunidades y el pueblo q´eqchi´ afectado por la construcción del proyecto: entre otros, derecho de consulta, derecho al territorio, derecho a la participación sin persecución, derecho al agua, derechos de los ríos y la naturaleza, derecho a decidir el modelo de organización y el modelo económico, derecho a la libre determinación.

CC cede a presiones: resuelva a favor del proyecto Oxec

La  resolución de la CC es una de aquellas que refleja “quedar bien con  Dios y con el Diablo”. En teoría, el Estado, por medio del Ministerio de  Energía y Minas (MEM), debe realizar la consulta de acuerdo a lo  expuesto en el Convenio 169.
Pero por otro lado, queda bien con el  empresariado, sobre todo con los vinculados directamente con el  proyecto hidroeléctrico entiéndase los prestamistas bancarios  guatemaltecos quienes se pronunciaron por medio de la Cámara de Finanzas  y, principalmente, por el gerente general del Banco Industrial, Diego  Pulido, y otras cámaras como la de Industria, o agrupaciones como AGER y  FUNDESA.
Son millones de dólares en juego. Tal como citó  elPeriódico, el banquero Pulido, refiriéndose a la situación de la  cartera crediticia, indicó que el caso de Oxec “le hace mucho daño  porque las inversiones buscan seguridad”. “La demanda de crédito ha  disminuido por la incertidumbre y el cambio de Gobierno, los  funcionarios no toman decisiones, pero es un proceso que deberá ir  pasando y generar confianza”, manifestó.

Abrir otros espacios de lucha y organización

El Estado corporación (Gustavo Castro), construido por y a la medida de las élites, continúa intacto. Aunque existe margen para la acción jurídica en el sistema internacional, la empresa continuará “construyendo, operando, explotando, destruyendo, y las reparaciones no llegan siempre”, recalca el abogado Juan Castro.

Parece evidente que este Estado, en este sistema de justicia, con esta Corte de Constitucionalidad y esta institucionalidad, no hay futuro para los derechos colectivos. “El nudo es una resolución plagada de vulgaridad pero sobre todo, de ilegalidad, contraria al bien común y a los derechos de los pueblos indígenas, con severas violaciones al derecho internacional, por lo que socialmente, debería ser rechazada en el acto”, opina el político  de izquierdas Miguel Ángel Sandoval.

El sistema siempre cierra espacios y se cierra, refractario a los cambios, enrocado sobre un poder y un discurso construidos a partir de certezas simples (desarrollo, progreso, individuo, continuidad) y miedos profundos (a lo indígena, la participación colectiva, la participación y decisión de las mujeres, el cambio, la construcción plural y diversa).  “El Estado solo sirve de instrumento opresor para defender los intereses de la élite” indica un comunicado de la Alcaldía Comunal Santa Rita Salcajá sobre la decisión de la CC.

Corresponde entonces fortalecer otras formas de organización, un nuevo pacto social desde los pueblos, un proceso asambleario y constituyente más allá de los límites de esta legalidad e institucionalidad, de este Estado (fracasado, no fallido) en vías de extinción, más allá incluso de nuestros sueños tradicionales. Lo tenemos que hacer: por los ríos y la vida amenazada, por los perseguidos y por los presos, por los derechos irrenunciables.