Reglamentar las consultas, para anular derechos




Asamblea en Cahabón, para programar consulta comunitaria.
En dos plumazos (o dieciséis páginas, nueve apartados y un procedimiento con ocho pasos), el Gobierno de Guatemala reduce hasta prácticamente anular la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. El crimen se perpetra a través de la Guía operativa para la implementación de la Consulta a los Pueblos Indígenas (en adelante, la Guía), una supuesta regulación administrativa de un Tratado Internacional (Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales) que es en realidad una reinterpretación a la baja de este Convenio, y de los derechos colectivos de los pueblos.

Al menos cinco aspectos de la Guía niegan la consulta como derecho:

1) Se indica que la consulta tiene como fin llegar a acuerdos, por lo que la posible opinión contraria de los consultados no es vinculante. Si las comunidades no otorgan consentimiento, el Gobierno -a través de una institución estatal- toma la decisión final sobre los proyectos empresariales. Los pasos 6 y 7 del Procedimiento así lo indican: el objetivo de la consulta es “propiciar un proceso de diálogo con los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas a fin de alcanzar acuerdos en torno a la medida administrativa objeto de consulta” (paso 6) y “concluir y llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta… La entidad encargada, conforme los resultados y acuerdos de la consulta, la legislación vigente y el Convenio 169 de la OIT, tomará la decisión correspondiente sobre la medida administrativa, proporcionando los fundamentos correspondientes y la comunicará oportunamente a las partes involucradas" (paso 7).

2) Si para los pueblos indígenas la consulta es un proceso permanente, que abarca todos los temas y ámbitos definidos por los propios pueblos, la Guía se muestra ambigua y restrictiva: el Estado define los temas que pueden ser consultados. Paso 1, Procedimiento: "determinar a través de la entidad encargada de tomar la decisión administrativa, si la medida a implementar es, o no, objeto de consulta de conformidad con los principios y derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo". 

3) Se pasan por alto las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas. Los empresarios, y proyectos en general que han incumplido el engorroso trámite de consultar a la población antes de instalarse en su territorio, pueden realizar a posteriori la consulta previa. Así, la Guía aplica incluso “en los casos en que ya se haya emitido la medida administrativa (léase autorización de funcionamiento del proyecto, nota del autor) y se deba llevar a cabo la consulta a pueblos indígenas” (apartado Aplicación). Asimismo, se ignoran las casi 100 consultas realizadas por las comunidades, desde 2005. El borrón y cuenta nueva avala en la práctica y legaliza proyectos impuestos de manera inconsulta y en fraude de ley.

4) Se otorga mandato y poder central a una institución del Estado, suplantando las funciones de la autoridad legítima: asamblea y organizaciones comunitarias y de los pueblos. Para ello, se crea la figura de la Entidad encargada, que es la "entidad, o institución del Ejecutivo, a quien corresponde tomar la decisión sobre la medida administrativa susceptible de afectar directamente derechos reconocidos a los pueblos indígenas", apartado Roles institucionales). Esta autoridad tiene funciones amplísimas, entre otras (Procedimiento):

Definir con carácter previo si la consulta es pertinente o no.
Identificar, definir y registrar cuáles son las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.
Conducir el proceso de diálogo.
Definir la zona de influencia de los proyectos (por tanto, la zona donde se efectuará la consulta, a criterio de las empresas y su capacidad de cooptación, nota del autor).
Tomar la decisión final sobre los proyectos.

Así, es el Estado, y no las comunidades a través de sus normas, procedimientos y costumbres, quien organiza y conduce el proceso de consulta.

5) En general, la Guía se basa en una lectura del Convenio 169 aislada de otros instrumentos legales y jurídicos (Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016) y sobre todo aislada del debate político sobre los derechos colectivos, la autodeterminación, las autonomías indígenas y la construcción de un Estado plurinacional.

Reglamentar para el despojo

La propuesta gubernamental asume prácticamente todas las demandas del empresariado, planteadas con fuerza tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 4 de enero de 2017. En esa resolución provisional, la CSJ dictaminó la suspensión de los proyectos hidroeléctricos Oxec (sobre los ríos Oxec y Cahabón, comunidades q´eqchi´de Alta Verapaz) por no haber realizado consulta previa. El sector empresarial percibió la amenaza de esta decisión para su modelo de negocios, y respondió con una campaña mediática agresiva y polarizante, que se concretó en 1) la decisión de la Corte de Constitucionalidad -CC- de 26 de mayo (que permite la continuación de los proyectos, ver Consultas comunitarias y desarrollo. Nueve preguntas y un sueño) y 2) la reglamentación de las consultas.

Propuesta empresarial, sentencia de la CC y Guía gubernamental coinciden en los puntos medulares:

El proceso de consulta tiene carácter indicativo, no vinculante.
Las comunidades no coordinan ni dirigen el proceso de consulta, sino que lo hace una institución estatal, con funciones decisorias.
Los proyectos que están en marcha, aunque no hayan realizado consulta, continúan funcionando. La consulta se realiza en este caso a posteriori (este proceso es denominado por el sector empresarial como homologación retroactiva).
La violación del derecho de consulta y las violaciones de derechos cometidas por empresarios, quedan fuera de debate.

Al fin, la Guía parece un reflejo de la historia y del poder de las élites que deciden unilateralmente. Despojo, explica María Aguilar en El Periódico, disfrazado de legalidad.

”Con la reglamentación lo que la élite y el Estado buscan es garantizar la certeza jurídica de transnacionales, proteger la industria extractiva o proyectos hidroeléctricos, aunque eso implique aniquilar a pueblos. Ha sido la negativa de colectivos indígenas no vendidos al sistema, lo que ha levantado críticas de la oligarquía, pero también de grupos de centro y centro-izquierda, quienes acusan a pueblos indígenas de ser irracionales, de rechazar el diálogo, de buscar polarización, de ser divisorios, difíciles, arrogantes o necios (...) Estos grupos terminan apoyando la agenda de la oligarquía, poniendo en riesgo la vida de comunidades, territorios y recursos indispensables para todos como el agua”.


Una consulta que no consulta, con consultados que no deciden y decisiones que se imponen desde una autoridad central, agudiza los conflictos ya existentes alrededor de los proyectos extractivos. Los debates se prolongan y las disputas suben de intensidad: un Estado y un modelo de sociedad que prioriza la propiedad privada y los derechos de inversión y comercio, choca contra los intereses históricos de los pueblos y su libre determinación, es decir, la capacidad de decidir sin imposiciones externas su organización política, económica, social y cultural.




Entre María Chula y el derecho de decisión


Mujeres de Afedes.

Por Andrés Cabanas, 23 de julio de 2017

Estos días, no muy diferentes a otros, nos atropellan con enésimas agresiones a nuestra dignidad y derechos. Seguimos siendo un país con déficit de mayorías: violencia empresarial, Estado que no promueve el bien común (¿para qué existe?), instituciones al servicio de élites y corporaciones, invisibilización del otro como sujeto.
 
Es el continuum de la historia, una línea de explotación y opresión ininterrumpida, en el largo y en el cortísimo plazo: martes 18, reglamentación de las consultas comunitarias a la medida de los empresarios; miércoles 19, manifestación del pueblo xinca, tras campaña de comunicación que niega su existencia; viernes 21, ataques a la resistencia pacífica de Casillas, Santa Rosa, por oponerse a un proyecto (Minera San Rafael) que opera contra la voluntad de las comunidades y en fraude de ley; toda la semana, reacciones agresivas e insultantes contra mujeres y pueblos indígenas, después de que una empresa que comercializa diseños mayas y utiliza un nombre con connotaciones racistas y peyorativas, fue sancionada moralmente por una instancia del Ejecutivo(1).  

Difícil sobrevivir en este espacio equívocamente colectivo llamado Guatemala, donde reclamamos sin éxito el derecho a ser consultados y ser parte de las decisiones; a no ser insultados e ignorados.

 

El debate que nos (re) mueve


En esta historia que oscila entre la involución, la continuidad y la deseada refundación, el debate alrededor de María Chula me parece paradigmático. En mi opinión, no es debate casual sobre un tema secundario, sino que conecta hilos de la coyuntura con otros hilos que nos sujetan históricamente: un nombre común revela la naturalización e internalización del racismo; una marca comercial nos obliga a discutir sobre procesos históricos de apropiación de la cultura y la identidad de los pueblos; un emprendimiento comercial novedoso se basa en realidad en el despojo, como todos los proyectos empresariales: de territorio, bienes, ideas, diseños, historia, memoria...

Racismo, poder, violencia, modelo económico, identidad, construcciones  políticas y personales...afloran en las discusiones: racismo como soporte de un modelo económico que expropia (Andrea Tock), extractivismo económico y extractivismo cultural (Sandra Xinico Batz), una ladinidad y un poder construidos sobre la negación del racismo existente (Paula del Cid), otro ejemplo más de negación y apropiación del trabajo y la cultura de las mujeres tejedoras (Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez, Afedes). Al fin, la polémica María Chula nos lleva a cuestionar el país que vivimos y el país que queremos o, dicho de otra forma, el desarrollo que nos imponen y la democracia que nos niegan.

 

Las marías y el país en que malvivimos


En Guatemala, la participación es un mito, la realidad es la negación del derecho de consulta; la democracia es un mito, la realidad es la violación de derechos por parte de las empresas; el desarrollo es un mito, la realidad es la destrucción ambiental y social que provocan los proyectos; la tolerancia, el respeto, la convivencia, son mitos, lo normal es la agresividad, la multiplicación de discursos de superioridad y marginación. Este es el debate de fondo.

La minusvaloración y/o negación del otro (identidad, indignación, propuestas) conlleva su exclusión en la toma de decisiones y la capacidad de definir el rumbo de este país, lo que conduce a una fractura social y una identidad limitada: el himno militarista, la bandera desteñida, la blanquitud, la homogeneidad, la individualidad, la competencia y el interés privado como principios.

Hoy, los siempre apartados impugnan este Estado y esta forma de vida. Proponen otras formas de participación, organización y decisión, sin restricciones. Un país acostumbrado a arrastrar problemas, o a resolverlos a través de pactos de élites, tiene que reconstruirse desde el poder de los excluidos, de todas las Marías Chulas ignoradas en comunidades y pueblos: con otros actores, formas, principios y valores, obligadamente colectivos.

El cuestionamiento de este modelo de sociedad, construido a espaldas o en contra de los otros, aflora. Cómo es el país que vivimos y el que queremos (el país que queremos vivir, con su institucionalidad, modelo económico, relaciones y valores específicos), quién lo nombra, quién toma las decisiones, es la pregunta a responder.

(1) María Chula es una marca y un emprendimiento empresarial que comercializa ropa a partir de diseños de la cultura maya. En Guatemala, sectores urbanos con mentalidad racista llaman María a todas las mujeres indígenas, sin distinción. La empresa María Chula se apropia de identidad y bienes colectivos, al tiempo que refuerza una visión peyorativa de esta identidad.